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Asunto: Comunicado del Fiscal General a los servidores sobre Decreto Ley 898 – 300517 Apreciados ser

ue mediante el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, la Fiscalía General de la Nación fue reestructurada con el propósito fundamental de cumplir sus responsabilidades misionales en particular para fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la criminalidad organizada en el territorio y perseguir las finanzas criminales, en desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz. La responsabilidad misional de la Fiscalía se fortalece con el aumento de 543 nuevos cargos de fiscal, que serán distribuidos en todo el país, asegurando que cada fiscal cuente con su propio asistente para aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo. Las nuevas plazas son de 193 fiscales seccionales y 350 fiscales locales. Ahora, la Fiscalía tendrá un total de 5.016 fiscales y se asegura que cada fiscal tenga su asistente. Con ocasión de estos cargos, se inicia un programa de incorporación al interior de la Fiscalía, que privilegie a las personas que han venido prestando sus servicios en otros cargos y poseen la formación académica que les permita desempeñarse como fiscales. Al mismo tiempo, se consolida el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a nivel nacional, que contará con una planta de 8.144 personas, luego de que se incorporen 145 nuevos servidores. La reforma busca racionalizar los cargos administrativos y fortalecer el área misional de la Fiscalía, en materia de fiscales, asistentes de fiscal y Policía Judicial. Al efecto, el personal directivo, que era de 226 personas, pasó a ser de 96 servidores. Esta reducción en 130 cargos se refleja especialmente en la eliminación de los subdirectores seccionales en las 35 seccionales. Debe advertirse que la supresión de cargos de la que trata el artículo 59 del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, corresponde esencialmente a cargos no provistos, que carecían de financiación en el presupuesto de la entidad. Los cambios a la estructura de la Fiscalía General de la Nación incluyen también la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidio y masacres, que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos con las Farc o la construcción de paz, incluidas las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Asimismo es importante destacar que la reestructuración no implicará costos adicionales al presupuesto nacional y contribuirá a fortalecer nuestra actividad misional. Cordialmente, Néstor Humberto Martínez Neira Fiscal General de la Nación


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